El cambio del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) tendría una nueva modificación en su calendario. El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de decreto que plantea extender hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición entre ambos sistemas.
La propuesta es impulsada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que considera necesario contar con más tiempo para revisar y ajustar el funcionamiento del nuevo modelo de clasificación socioeconómica.
Por ahora, se trata de un proyecto de decreto y no de una decisión definitiva.
¿Por qué quieren aplazar la transición al RUI?
Uno de los principales motivos son las numerosas reclamaciones recibidas desde la puesta en marcha del RUI.
Según el documento citado en la información, durante agosto se registraron más de 112.000 peticiones de ciudadanos inconformes con la clasificación socioeconómica asignada.
La cifra representa un aumento considerable frente a los registros del Sisbén. En 2024 se contabilizaron 42.407 peticiones, mientras que en 2025 fueron 11.213. Hasta julio de 2026 se habían registrado 11.756.
Ante este escenario, el DNP reconoce la necesidad de fortalecer, validar y recalibrar los algoritmos y modelos utilizados por el RUI para reducir posibles errores en la clasificación de los hogares.
¿Qué pasaría con el Sisbén?
El proyecto no plantea eliminar el RUI ni regresar al esquema anterior de manera permanente.
La propuesta consiste en ampliar el periodo de transición, durante el cual el Sisbén continuaría siendo utilizado para el reconocimiento y formulación de subsidios, programas, políticas y demás servicios de la oferta social del Estado.
De aprobarse el proyecto, los beneficiarios y potenciales beneficiarios que fueron identificados mediante el Sisbén tendrían una transición más prolongada hacia el nuevo sistema.
En otras palabras, Sisbén y RUI continuarían conviviendo durante el periodo de transición.
El problema de las nuevas clasificaciones
El DNP señala que durante los primeros meses del RUI pueden producirse variaciones en las clasificaciones debido a factores como la informalidad, la estacionalidad y los cambios en los ingresos de los hogares colombianos.
Una clasificación incorrecta puede tener consecuencias importantes: por ejemplo, que un hogar deje de ser considerado potencial beneficiario de un programa social o que una persona que necesita determinada ayuda quede fuera de la población objetivo.
Por eso, el Gobierno busca disponer de más tiempo para analizar los datos, estabilizar el sistema y establecer reglas de focalización más precisas.
El terremoto también influye en el aplazamiento
El proyecto de decreto también menciona las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026.
Según el documento, el sismo afectó 16 departamentos y 476 municipios. Algunas alcaldías y oficinas locales del Sisbén resultaron afectadas, mientras que determinados municipios enfrentaron problemas de conectividad digital.
Además, las condiciones de muchos hogares damnificados pudieron cambiar después del desastre, incluyendo vivienda, ingresos, composición familiar, ubicación y acceso a servicios.
Por esta razón, el Gobierno considera que una transición inmediata podría dificultar la atención de población que requiere apoyo estatal.
¿Qué debe saber la ciudadanía?
La fecha del 31 de julio de 2027 todavía depende de la aprobación del proyecto de decreto. Mientras no exista una norma definitiva, no debe interpretarse como una nueva fecha oficial ya vigente.
Lo que sí plantea el Gobierno es mantener el Sisbén durante un periodo adicional mientras se corrigen y ajustan los componentes técnicos del RUI.