Una histórica decisión permitirá que las comunidades rurales, afro e indígenas de Colombia certifiquen nacimientos sin depender de hospitales, fortaleciendo su autonomía y acceso a derechos.
En un hito para la inclusión y el reconocimiento de los saberes ancestrales, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia ha autorizado oficialmente a parteras y autoridades indígenas para certificar nacimientos en sus comunidades. Esta medida, anunciada recientemente, representa un avance crucial para garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios básicos en zonas apartadas del país.
Hasta ahora, miles de nacimientos en zonas rurales quedaban sin registrar debido a las distancias con los centros de salud o a la falta de personal médico autorizado para certificar los partos. Esta realidad afectaba de forma desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en departamentos como Nariño, Amazonas, La Guajira y Magdalena.
La nueva resolución permite que parteras tradicionales y líderes indígenas —figuras con profundo arraigo cultural y comunitario— puedan extender certificados de nacimiento válidos, abriendo las puertas al registro civil de manera más cercana, humana y respetuosa con las costumbres locales.
María Cristina Manzano, directora nacional de Registro Civil, señaló que la medida busca “eliminar las barreras que impiden la inscripción de nacimientos y garantizar los derechos fundamentales de los recién nacidos”. Esto incluye el acceso a salud, educación y protección estatal, derechos que comienzan con algo tan esencial como un registro civil.
Las primeras regiones donde se aplicará esta iniciativa incluyen municipios de la costa pacífica nariñense y las comunidades del Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas. También se beneficiarán los pueblos indígenas Wiwa, organizados en la estructura Golkushe Tayrona, con presencia en el Magdalena y La Guajira.
El rol de las parteras va mucho más allá de asistir partos. Son guardianas del conocimiento ancestral, promotoras del bienestar comunitario y figuras de confianza en territorios donde el Estado a menudo llega con dificultad. Su reconocimiento como certificadoras de nacimientos es, por tanto, un acto de justicia histórica.
Este paso de la Registraduría también se alinea con esfuerzos internacionales por reconocer la identidad legal como un derecho humano básico. Según UNICEF, millones de niños en el mundo carecen de registro de nacimiento, lo que los deja en situación de invisibilidad jurídica. En Colombia, esta nueva directriz ayuda a cerrar esa brecha en las poblaciones más vulnerables.
Además, esta acción promueve el respeto por la autonomía de los pueblos originarios, permitiéndoles participar activamente en procesos estatales sin renunciar a sus prácticas tradicionales. La decisión representa un ejemplo de interculturalidad aplicada, donde las instituciones reconocen y validan la diversidad como una fortaleza y no como una barrera.
Es un momento de celebración para las comunidades que durante décadas han reclamado visibilidad, respeto y autonomía. Ahora, cada nuevo nacimiento podrá ser registrado con el respaldo de quienes mejor conocen sus territorios: sus propias parteras y autoridades ancestrales.