Aunque el decreto presidencial fue suspendido, el Gobierno pone sus fichas en el Congreso. La clave ya no es jurídica, sino política.
El nuevo giro de la reforma laboral en Colombia
La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa un momento decisivo. El reciente fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto de convocatoria a una consulta popular cambió el enfoque del Ejecutivo. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “el meollo del asunto es lo político”, y no tanto el aspecto legal de la suspensión.
Esta afirmación revela una nueva hoja de ruta: el Gobierno centrará sus esfuerzos en lograr que el Congreso complete el trámite legislativo del proyecto de ley laboral, antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias el 20 de junio.
¿Qué decidió el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto presidencial que convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral. El tribunal consideró que el decreto carecía del concepto previo y favorable del Senado, lo cual, según su interpretación, es requisito constitucional. Por ello, ordenó suspender temporalmente sus efectos.
Para el Gobierno, este argumento es debatible. Benedetti aseguró que ni la ley ni la Corte Constitucional exigen ese concepto previo, y que el decreto fue enviado justamente a la Corte para que se pronunciara sobre su constitucionalidad. Aún así, el Ejecutivo reconoce que la vía más efectiva para evitar una batalla jurídica es cerrar el ciclo legislativo en el Congreso.
La ruta en el Congreso: conciliación pendiente
El proyecto de reforma laboral ya fue aprobado en segundo debate por ambas cámaras, pero con textos diferentes. En estos casos, la ley exige una conciliación para unificar un solo documento que luego sea votado.
La Cámara de Representantes cumplió con su parte y designó como conciliadores a María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde). Sin embargo, el Senado —al momento de la declaración de Benedetti— no había nombrado aún a sus conciliadores, lo que ha generado inquietud en varios sectores políticos.
La senadora Aída Avella fue una de las voces más críticas ante esta demora, señalando que si el Senado no actúa con rapidez, se perdería la oportunidad de votar el texto final durante las sesiones actuales.
¿Qué pasa si el Congreso aprueba la reforma?
Si el Congreso logra culminar con éxito la conciliación y votación final, el proyecto pasaría a sanción presidencial, convirtiéndose en ley. En ese escenario, el Gobierno retiraría el decreto de consulta popular, considerando innecesario acudir a las urnas.
Para Benedetti, este camino solucionaría la controversia sin entrar en una disputa constitucional. “Mientras se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, no se necesita el decreto para convocar la consulta”, señaló el ministro.
Este cambio de estrategia apunta a evitar un posible fallo adverso por parte de la Corte Constitucional y a garantizar la vigencia de una reforma clave para el Gobierno.
Implicaciones políticas del proceso
Lo que queda claro es que el debate ha dejado de ser meramente técnico o jurídico. El pulso está ahora en la arena política, en donde el Gobierno mide fuerzas con los sectores que podrían dilatar o bloquear el trámite legislativo. La rapidez con la que el Senado actúe será determinante.
Además, el asunto plantea un precedente sobre el uso de mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular para tramitar reformas estructurales. La exigencia del concepto previo del Senado, interpretada como requisito constitucional por el Consejo de Estado, podría redefinir los límites del Ejecutivo en futuros procesos similares.
¿Y si no se aprueba a tiempo?
Si no se logra aprobar la reforma antes del 20 de junio, el Gobierno tendría que esperar un nuevo periodo legislativo o volver a insistir en la consulta, lo que reactivaría el debate legal. Todo dependerá de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la validez del decreto suspendido.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su apuesta política. Y aunque la presión aumenta, la estrategia de Benedetti apunta a un cierre institucional por vía legislativa, sin recurrir al voto popular.
El futuro inmediato de la reforma laboral no se juega en los estrados judiciales, sino en los pasillos del Congreso. La decisión de nombrar los conciliadores y someter el texto a votación será clave para evitar una prolongada pugna legal.
Este episodio confirma que en Colombia, incluso cuando las decisiones parecen legales, el verdadero debate siempre será político. Y es ahí donde se está librando la batalla final por una de las reformas más ambiciosas del Gobierno actual.